2023: brutal ola de violencia contra activistas en México

Ciudad de México, 20 enero 2023. Quienes integramos Aluna Acompañamiento Psicosocial, condenamos la brutal ola de violencia contra personas defensoras en México que ha caracterizado el arranque de este 2023. Hasta el 17 de enero, se han reportado cuatro asesinatos, dos desapariciones, 12 detenciones arbitrarias y otras agresiones, principalmente contra defensoras/es de las poblaciones indígenas y de la tierra y el territorio.

El 5 de enero, en Guerrero, fue asesinado Remigio de la Cruz, defensor de los derechos del pueblo Ñomndaa, y el día 12, en Michoacán, los comuneros nahuas Isaúl Nemecio, Miguel Estrada y Rolando Magno, integrantes de la Guardia Comunal de Santa María Ostula y de la Guardia Comunitaria de Aquila.

El 15 de enero, en los límites de Michoacán y Colima, fueron desaparecidos los defensores de la comunidad de Aquila, Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, sin que hasta la fecha hayan sido localizados.

Tan sólo dos días después, David Hernández Salazar, defensor del territorio binnizá, fue detenido arbitrariamente en Oaxaca y finalmente liberado tras la presión social que se ejerció.

El 11 de enero, esta vez en Campeche, fueron detenidos Joel Jiménez y Naín Camacho durante una protesta contra el Tren Maya, la cual fue reprimida por policías y militares, quienes arremetieron también contra infantes y personas de la tercera edad.

Un día antes, en la Ciudad de México, fueron detenidos y golpeados por policías ocho estudiantes y un integrante de un colectivo de damnificados, cuando se manifestaban contra el choque de los trenes en la línea 3 del metro que arrebató la vida a una joven universitaria.

Frente a ello, demandamos al Estado mexicano actuación inmediata y acorde con la gravedad y sistematicidad de estas violencias. Que reconozca lo hechos y que se movilice urgentemente para:

• La inmediata búsqueda y presentación con vida de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz.

• Esclarecer cada uno los hechos referidos y sancionar a quienes resulten responsables, incluidos funcionarios públicos.

• Garantizar la seguridad de las familias y organizaciones de las personas defensoras agredidas.

• Cesar la criminalización contra personas defensoras.

• Atender y dar solución estructural a las problemáticas que originan la acción de defensa.

• Garantizar el ejercicio pleno del derecho a defender derechos.

• Reparar de manera integral los daños ocasionados a las víctimas.